Mientras mayor es el consumo per cápita de energía de un país, más disminuye la tasa de crecimiento de su población. Así lo evidencian las estadísticas: en un extremo, Eritrea, Togo, Etiopía, Yemen, Kenya, Costa de Marfil etc., con tasas de crecimiento por encima del 2,5 % anual y consumos inferiores a 500 Kg.ep/a)[1]; en el centro, Brasil, Turquía, Líbano, Venezuela, etc., entre 1 y 1,5% y consumos entre 1000 y 2000 Kg.ep/a; y en el extremo opuesto, Italia, Alemania, Japón, España, Suecia, Suiza y Rusia, por ejemplo, con tasas por debajo de 0%, es decir, con tendencias negativas, cuando se alcanzan consumos superiores a los 3000 Kg.ep/a.
Si por otro lado se piensa en el alarmante crecimiento poblacional mundial, que según las proyecciones de la ONU alcanzará la cifra de diez mil millones de habitantes en el año 2050, a la que contribuirán fundamentalmente los países del grupo más retrasado, se infiere que la única manera de estabilizarla para evitar las consiguientes hambrunas y conmociones sociales, es promoviendo el acceso por igual a la energía de toda la población del planeta. He allí la paradoja
¿Y cómo hacer realidad un propósito tan fundamental para el futuro del género humano?